50 años de prisión por pérdida de feto: Emergencia durante embarazo cuesta libertad a salvadoreña

Un tribunal salvadoreño condenó recientemente a una mujer a 50 años de prisión por un supuesto aborto. La acusada de nombre Lesli recibió así la pena máxima prevista para abortos en el código penal del país centroamericano.

El calvario de Lesli comenzó el 17 de junio de 2020. La entonces joven de 19 años de una familia de bajos ingresos de repente quiso ir al baño, sin saber que se había puesto de parto. En medio de la confusión, su familia llamó a la policía y la adolescente fue llevada de inmediato a un hospital. A causa del aborto espontáneo, el estado de la paciente era crítico. Tuvo que someterse a tres transfusiones de sangre. No obstante, el poder judicial salvadoreño decidió abrir una causa penal contra Lesli. Un juzgado la arrestó.

#El Salvador condenó a 50 años de prisión a una joven que a sus 19 años enfrentó una emergencia obstétrica.Condenamos este fallo y reiteramos: seguiremos luchando para q’ ninguna mujer que enfrente emergencias de salud durante el embarazo sea condenada👇https://t.co/OHlkA5xuaP pic.twitter.com/yyOsX6IKtk

— Agrupación Ciudadana #ManuelaJusticiaYEsperanza (@AbortoPORlaVIDA) 4 de julio de 2022

La defensa de los acusados ​​presentó un informe forense al tribunal, que demostró que la joven había sido maltratada. Además, los abogados se refirieron a un informe psicológico que recomendaba una evaluación psiquiátrica de Lesli.

A pesar de esto, el juez se negó a adjuntar estos documentos, que según los abogados probaban la inocencia de su cliente, a los registros judiciales. El 29 de junio, Lesli fue sentenciado a 50 años de prisión. El juez razonó su sentencia de la siguiente manera:

«Las madres son la fuente de protección para sus hijos en todas las circunstancias de la vida. Pero no lo eran».

La Iniciativa Ciudadana Salvadoreña para la Despenalización del Aborto criticó duramente la decisión judicial y dijo que el juez se guió por «puro prejuicio de género». El proceso se caracterizó por los prejuicios y la injusticia. El estado no se involucró de ninguna manera en la vida de Lesli y su familia.

“Es la tercera de un total de siete hermanos. No tuvo acceso a una educación de calidad. Solo completó siete clases porque tenía que ayudar en la casa y cuidar a cuatro hermanos menores”.

La organización anunció que apelaría. El veredicto actual no solo es «desproporcionado», sino que también refleja la crueldad de la fiscalía hacia las mujeres de escasos recursos.

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